miércoles, 2 de julio de 2008

LA EDUCACIÓN QUE SOBREVIVE

Una de las garantías obligatorias del Estado nacional argentino es el derecho a la educación para todos los habitantes de su territorio. Desde la gestación del país como una patria en la cual todos sus integrantes estuviesen formados por una aptitud independiente y libre con amplia apertura hacia los múltiples cambios y convergencias de la cultura universal, ceñidos al ideal de la educación pública. No fue fácil asegurar las bases para llegar a la Educación a nivel nacional. Aún hoy es difícil el intento de mantener este objetivo y lograr que tenga la calidad y el alcance previsto o idealizado.
Como una historia que se repite y se comparte a diario cuando no se mira para otro lado, los contextos de vulnerabilidad en materia socioeconómica relacionados con la Educación se producen constante y diversamente en Chaco y en otras provincias alrededor de la Argentina.
Malas condiciones en la infraestructura de los edificios educativos, docentes con roles no fundamentados, demandas de recomposiciones salariales, falta de intervenciones y aportaciones en las políticas educativas, contexto de empobrecimiento y marginalidad en los alumnos, alta fragmentación y las profundas diferencias en los recursos y la calidad de la enseñanza entre distintas provincias; además de la inexorable diferencia del nivel educativo según las clases sociales son algunos de los temas arraigados a la enseñanza de hoy en día.

Según lo señala Mora Pared, Secretaria General de Utre-Cetera, en la lucha integral sobre la educación, desde su gremio y desde los demás sindicatos chaqueños también, no creen solamente en la disputa por el salario docente; vienen denunciando hace tiempo las condiciones de las escuelas, los altos índices de deserción escolar y los niveles de pobreza que afectan al aprendizaje.
“Si en el Chaco hoy hubiese una inspección de normas de seguridad, realmente el 70% de las escuelas no pasaría estas normas ni las de higiene. El faltante de porteros que hay es impresionante y eso tiene que ver también con las condiciones de las escuelas”- afirma.
“El problema mayor para nosotros es la pobreza porque sabemos que hay un 40% de niños (y un tanto más de adolescentes) que no están dentro del sistema. Para que sea posible la inclusión social necesitamos construcción de escuelas y necesitamos miles de puestos de trabajos para que eso se dé” - agrega.
“Estamos pidiendo jornadas extensivas o jornada completa para los lugares más vulnerables de las provincias donde creemos que el chico sólo puede estar en una escuela si se le da de comer y si se le da mejores condiciones; en realidad lo fundamental sería que el chico coma con la familia pero para eso necesitamos políticas públicas que lo hagan posible, como por ejemplo: becas, salario universal por hijo para que sea posible que el niño pueda estar en una mesa familiar. Mientras tanto, la intención es sostenerlos de alguna manera con comedores que podrían estar en otro lugar que no sea la escuela ya que el docente ante estos casos tiene que restar tiempo a su tarea pedagógica para atender tareas que pertenecerían a otros puestos de trabajo, los cuales estamos solicitando” - añade.
Frente al local donde funciona el gremio docente, sobresalen carteles que pugnan por una asignación universal por cada hijo hasta los 18 años de este, la cual (según la propaganda) sea un agregado a las asignaciones familiares para garantizar las condiciones económicas de los estudiantes, entre otras cosas, para que no sea necesario que se alimenten en los establecimientos.

Roles yuxtapuestos
La mayoría de los docentes de esta parte del país asume como parte de su tarea el dar de comer, intentar que los padres de los estudiantes aprendan a leer y escribir, custodiar la integridad física de estos o asegurar el cumplimiento de vacunación de los alumnos.
Históricamente, las escuelas han cumplido un importante rol de contención social, en ámbitos como la salud o la alimentación. Tener que suplantar estas necesidades las ha desviado de su rol fundamental: enseñar. Esta es una carencia primordial que baja el rendimiento del nivel educativo.

Nueva Ley de Educación chaqueña
La nueva ley de Educación que fue sancionada a nivel nacional, aún no fue determinada provincialmente, por lo que, según lo aclarado por Pared, desde el gobierno provincial se estableció una agenda donde tocar los aspectos fundamentales con los gremios y sindicatos, además de los temas salariales que afectan a la docencia y que año a año desde hace un tiempo no permiten que por las medidas de fuerzas adoptadas se llegue a los 180 días de clases correspondientes.
Adelantó además que “el gobierno dio como respuesta en las últimas reuniones que está preparando un Congreso donde se discuta entre docentes la nueva ley”, lo cual respondería a reclamos generales que solicitan mayor participación de los educadores en las políticas de estado ya que estos ven desde adentro los problemas que afectan al aprendizaje.
“La ley nacional tiene como garante al estado y nosotros creemos que acá tiene que ser mejorada por tratarse de una provincia pobre que necesita un poco más que algunas otras” señalan desde Utre-Cetera.
Asimismo, desde ese gremio admiten que “en estas reuniones estamos poniendo en discusión todo lo que creemos le falta al sistema: la infraestructura, los puestos de trabajo nuevos, las nuevas escuelas y la obligatoriedad de educación para el niño desde los 4 años hasta el fin de sus estudios en la escuela secundaria”.
También manifiesta Pared: “Lo que está hoy en el Chaco no es de ahora, esto de la infraestructura en las escuelas viene desatendido hace mucho tiempo; una de las políticas fue ponerle algunos porteros a las escuelas pero no fue suficiente. Hay escuelas demasiado grandes, nosotros aspiramos a escuelas de no más de 500 alumnos para que sean atendidos y aulas de 25 alumnos en contraposición a las aulas recargadas que pedagógicamente vienen a ser un problema”.

Los problemas salariales
Una idea que ya desde hace un tiempo está en crisis en la Argentina es que la educación es una herramienta de movilidad social ascendente. Esto tiene mucho que ver con los reclamos del sector docente que últimamente ocupa las páginas de los matutinos chaqueños ya que la distancia existente entre los salarios y el costo de vida, sumados a la inflación, aceleran las necesidades de diálogos entre sindicatos y gobierno. Una de las propuestas del Ministerio de Educación fue modificar el nomenclador docente: introducir un cambio en el sistema con que se determinan los sueldos para cada cargo. Pero entre otros temas, quedan pendientes los relacionados con las jubilaciones de oficio y la reforma del actual sistema de prorrateo.

A todo lo señalado, cabe agregar la imperiosa necesidad de un aumento de calidad en la formación profesional de cada una de las personas vinculadas al nivel educativo y remarcar que más de la mitad de los alumnos está en situación de pobreza, muchos de indigencia y una gran cantidad con grados de desnutrición lo cual anticipa de antemano una disminución irreversible de sus posibilidades de aprendizaje.

Esta es básicamente la situación del Chaco, con sus demandas, prórrogas y peculiaridades; con una situación muy alejada del ideal “Por una educación de calidad para todos para una sociedad más justa” que rezaban los documentos de debates hacia la nueva Ley Nacional de Educación y una distancia que parece infinita de la escuela pública de aquellos países como Finlandia que son modelo de educación a escala mundial desde los últimos exámenes internacionales PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo cual dictamina una alarmante perspectiva hacia el futuro.
Reportaje realizado por María Laura Gómez (Invitada y colaboradora)

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