EL CASO CABEZAS: JUSTICIA QUE SE HACE ESPERAR

En la Argentina padecemos insólitas demoras en los procesos judiciales. A las lamentables secuelas de todo proceso se agrega en los juicios penales la delicada y trágica situación de quienes se encuentran detenidos en espera de una sentencia. La compatibilidad entre procesados y condenados en las cárceles es también un apocalipsis.

El 25 de enero último, se cumplieron 11 años de un crimen aún impune con condenados libres; José Luis Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997 en Pinamar; era reportero gráfico de la revista Noticias y cubría la temporada veraniega en la Costa argentina.

Según lo trascendido en el Juicio Oral, Cabezas fue ultimado luego de retirarse de la fiesta de cumpleaños de Oscar Andreani, brindada en la casa de Pinamar del empresario postal y luego fue secuestrado por una banda de policías y delincuentes comunes que lo balearon en la cabeza, lo introdujeron aún con vida dentro del auto que manejaba e incendiaron el vehículo.
Habiendo pasado poco menos de un año de aquel hecho, el empresario Alfredo Yabrán, señalado como el instigador del crimen, se suicidó en su estancia de Gualeguaychú, Entre Ríos. Los integrantes de la banda fueron condenados a prisión perpetua, pero el Tribunal de Casación bonaerense redujo las condenas de algunos de ellos, lo que derivó en sucesivas liberaciones.

Se considera como autor material del crimen al policía Gustavo Prellezo y a Gregorio Ríos, jefe de custodia del empresario postal Alfredo Yabrán, se lo considera el autor intelectual.
En el primer juicio oral por el crimen del reportero gráfico, en febrero de 2000, fueron condenados los ex policías bonaerenses, Gustavo Prellezo, Sergio Camarata, Aníbal Luna -todos subordinados del ex comisario Gómez- y Gregorio Ríos, ex jefe de la custodia del fallecido empresario Alfredo Yabrán.
También fueron sentenciados como supuestos partícipes en el homicidio los cuatro integrantes de la banda de Los Hornos: Horacio Anselmo Braga, Sergio Gustavo González, Héctor Retana y José Luis Auge. Excepto Retana, que murió en la cárcel, los otros tres acusados recuperaron la libertad, merced a un fallo de la Cámara de Casación que modificó la calificación legal de los delitos por los que fueron condenados y redujo las penas.
En diciembre de 2002, Alberto Pedro Gómez, el ex comisario de Pinamar también conocido como "la Liebre", fue condenado a prisión perpetua por su presunta participación en el asesinato, pero a pesar de la dura pena que le impuso el tribunal de Dolores, tres años y medio después de haber sido condenado, el ex jefe policial estuvo a punto de salir de la cárcel, beneficiado por un error judicial.
En 2004, Auge recuperó la libertad por medio de una fianza de 20.000 pesos. Había sido condenado el 2 de febrero de 2000 a cadena perpetua como partícipe primario del crimen. Como la defensa apeló esa decisión ante Casación y ese Tribunal, en abril de 2004, le redujo la pena a 16 años, la Cámara de Apelaciones de Dolores interpretó que correspondía aplicarle el cálculo de la ley del dos por uno, lo que iba a permitirle salir de la cárcel por haber permanecido más de dos tercios de la condena revisada. En el cálculo del beneficio sólo se descontó el período comprendido entre 1997, cuando fueron detenidos, y 1999, por tratarse del período de dos años.

Un fallo de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires permitió que los condenados obtuvieran la libertad antes de tiempo, desde el 13 de noviembre de 2003. Cuatro años después, en 2007, la Suprema Corte bonaerense, al ratificar las sentencias, ordenó que regresaran a prisión. Esa decisión se vio demorada por artilugios legales. Sólo González y Auge retornaron a prisión por haber violado las condiciones impuestas para ser liberados, pero su abogado, al igual que en el caso de Braga, anticipó que iban a recuperar la libertad por haber sido alcanzados por la ley del dos por uno. Continuaron presos Prellezo, por haber presentado su apelación fuera de término, y Gómez, por haber sido juzgado más tarde.

La discutida Ley del dos por uno.
Las demoras y sus causas difieren a lo largo del país, pero en casi todas las jurisdicciones se deben a la congestión de los tribunales, en menor medida a cuestiones procesales y, en algunos casos, hasta a la incuria de los magistrados.
Para remediar lo que es un problema real -muchas causas por juez-, en 1994, en un momento de crisis y de motines carcelarios, se resolvió computar doble el tiempo en que el procesado estuviera detenido en espera de una sentencia luego de un tiempo prudencial de dos años. Se pensaba entonces que el sistema -conocido como dos por uno- iba a ser suficiente para que los jueces trabajaran y dictaran sentencia oportunamente, al tiempo que se hacía justicia con los procesados.
En la práctica, la ley fracasó. Era el remedio inadecuado. En 2001 terminó siendo derogada porque provocaba una distorsión en las penas. Se llegaba a situaciones absurdas: convenía demorar la sentencia para beneficiarse con la aplicación.

El crimen del fotógrafo sigue impune, Gladys Cabezas, hermana de la víctima, señaló al diario la Nación el 25 de enero último, parada frente a una cruz emplazada cerca de la cava en el partido de General Madariaga donde fue hallado el cadáver del fotógrafo: "El caso Cabezas debe tener un final" y "La Justicia nos debe justicia", sostuvo.

Fue y es profunda la indignación que produjo la libertad de la mayoría de los imputados, tanto para los deudos como para la sociedad en general ya que el crimen del reportero gráfico se volvió todo un símbolo por la lucha contra la discriminación a medios de prensa. Con la ley del 2 por 1 la historia resultó ser más benigna con los criminales que con las víctimas y sus familiares. Once años se cumplieron del crimen de Cabezas, tras un proceso signado por la impunidad y aún así continúan pasando los días sin que se haga Justicia.

REPORTAJE ESCRITO POR: LAURA GÓMEZ (REDACTORA INVITADA)